Autor: Frente Amplio

Santo Domingo, RD. – El Frente Amplio expresó su solidaridad con Unidad Popular de Ecuador, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cancelar su registro electoral, medida que la organización dominicana calificó como autoritaria, antidemocrática y dirigida a debilitar a las fuerzas populares, de oposición y de izquierda en ese país.

María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, manifestó que la decisión contra Unidad Popular se inscribe en una política de persecución impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, orientada a criminalizar la protesta social, restringir derechos políticos y golpear a las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, la juventud y los sectores populares.

Cabrera señaló que resulta preocupante que el CNE haya actuado sobre la base de un informe cuestionado, que atribuye a Unidad Popular una supuesta pérdida masiva de afiliados, pese a que, según la propia documentación oficial, en los últimos cuatro años apenas se habrían producido 1,410 desafiliaciones.

“Estamos ante una maniobra política que busca sacar del escenario electoral a una fuerza legítima del pueblo ecuatoriano”, afirmó Cabrera.

La presidenta del FA denunció que la cancelación del registro de Unidad Popular constituye un grave precedente para la democracia en América Latina, pues utiliza mecanismos institucionales para excluir a organizaciones políticas de izquierda y populares. Indicó que este tipo de acciones recuerdan prácticas autoritarias destinadas a cerrar los espacios de participación democrática y favorecer a los sectores oligárquicos.

“El Frente Amplio se suma al llamado de solidaridad internacional en defensa de Unidad Popular, de sus derechos políticos y de la lucha del pueblo ecuatoriano. Ningún gobierno tiene derecho a ilegalizar la organización consciente de los trabajadores y del pueblo”, expresó Cabrera.

Finalmente, el Frente Amplio llamó a las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias de toda la región a denunciar esta medida y a acompañar en las acciones políticas y jurídicas que emprenda Unidad Popular para recuperar plenamente su registro electoral y continuar su participación en la vida política del Ecuador.

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